Presentación del Presupuesto 2019 de la Viceconsejería de Vivienda
PROGRAMA VIVIENDA
- PRESUPUESTO GRUPO VIVIENDA
El presupuesto de gastos del programa de vivienda asciende en 2019 a 141,81 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 12% en relación a 2018.
Para determinar la capacidad presupuestaria en 2019 de las políticas de gasto directo en materia de vivienda, debemos incorporar al análisis los presupuestos de gastos de las sociedades públicas Visesa y Alokabide.
Para 2019, Visesa dispone de un presupuesto de gastos de 117,5 millones de euros (un 4% menos que en 2018), y Alokabide de 84,1 millones de euros (un 8% más que en 2018).
En conjunto, el presupuesto consolidado (el de la viceconsejería de vivienda más sus sociedades públicas adscritas) se sitúa, en 2019, en 276,7 millones de euros, frente a los 261 millones de euros en 2018, lo que representa un 6% más.
Especial interés presenta el sumatorio de los capítulos 1 a 7 de gasto de dicho presupuesto consolidado (que no tiene en cuenta las operaciones sobre activos y pasivos financieros), y que es una excelente medida del gasto directo en vivienda con impacto real en las personas, y que se sitúa en 239,1 millones de euros en 2019 frente a los 216,6 millones de euros que alcanzó en 2018, esto es, un incremento de gasto directo de 22,6 millones de euros y de más del 10% en términos porcentuales.
- PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIVIENDA
En el presupuesto de gastos del programa de vivienda 2019, el 72% es gasto directamente imputable a políticas de alquiler y el 22% es gasto imputable a políticas de rehabilitación urbana.
Descontando el gasto en rehabilitación urbana, el 92% del gasto directo del programa de vivienda se asigna a políticas de alquiler, por encima de los términos contemplados por la Ley 3/2015 de 18 de junio, de Vivienda.
El 88% de la iniciativa de los entes públicos de vivienda se destinan a políticas de alquiler. Se programa iniciar 1.075 viviendas de protección pública y ADAs sujetos a iniciativa pública, de las cuales 950 lo serán en alquiler. De los inicios en alquiler, 250 serán promovidas por el Departamento (26,4 millones de € en créditos de pago y compromiso para obras edificación), 350 por Visesa (7,4 millones de € en créditos de pago y compromiso para cubrir contrato programa 2019), 125 por entes locales (12,0 millones de € en créditos de pago y compromiso para fomento al arrendamiento) y 75 serán promovidas sobre suelos del departamento por cooperativas en régimen de cesión de uso.
En el caso de Visesa, en su contrato programa 2019 el 74% de sus actuaciones (350 de un total de 475 viviendas a iniciar) lo serán en alquiler, porcentaje que alcanzará ya el 100% en 2020 (con el inicio de 475 viviendas íntegramente en alquiler).
Asimismo es destacable en Visesa el peso de las actuaciones de rehabilitación urbana, innovación y sostenibilidad energética y social, como es el caso de la operación en el barrio vitoriano de Coronación.
Visesa en 2019 va a seguir consolidando aceleradamente su apuesta por el alquiler virando el rumbo inercial anteriormente existente que era favorable hacia el régimen de venta.
Alokabide, como sociedad gestora del alquiler público (superará en 2019 ampliamente las 13.000 viviendas gestionadas) destina el 100% de sus recursos a políticas de alquiler.
Finalmente, se adquirirán nuevos suelos para 700 viviendas protegidas, tanto por parte del Departamento (suelo para 500 viviendas) como de Visesa (suelo para 200 viviendas).
El Departamento destinará en 2019 16,4 millones de euros (en créditos de pago y compromiso) para adquirir y urbanizar nuevos suelos con destino a la promoción de viviendas de protección pública en alquiler.
- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
C.1) Desarrollar reglamentariamente la Ley de Vivienda y garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda.
Al cierre de 2019 se habrán desarrollado hasta 8 reglamentos de la Ley de Vivienda, incluyendo algunos de los más decisivos para su implementación operativa, como son el del derecho subjetivo a la vivienda y el decreto de viviendas deshabitadas.
En 2019 se adjudicarán viviendas en alquiler para satisfacer el DSV mediante la rotación del parque público gestionado por Alokabide, las nuevas captaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevas viviendas sociales y alojamientos dotacionales, y el pago de prestaciones económicas de vivienda (PEV). Se estima en 5.000 el número de hogares que tendrán reconocido el DSV al cierre de ejercicio.
La partida de gasto destinada a cubrir las prestaciones económicas de vivienda se ha dotado con 3 millones de euros ampliables hasta la cifra que resulte precisa en ejecución del DSV.
C.2) Incrementar la Oferta Pública de alquiler a precios asequibles
Las restricciones económicas y de financiación, la naturaleza temporal del empleo, el bajo nivel de salarios de muchos de los nuevos empleos, junto a otros condicionantes socioeconómicos básicos, han reconvertido al alquiler las opciones de muchos demandantes de vivienda que, en periodos anteriores, sólo contemplaban la compra como régimen de acceso.
Esta inversión en las preferencias en el acceso, se está comprobando en los datos de demandantes de Etxebide, cuya evolución hacia el alquiler es notoriamente destacable en los últimos años. Con datos del 2º trimestre de 2018, el porcentaje de solicitudes en alquiler alcanzaba el 81,1% (53.541) frente al 18,9% en compra (12.479). En 2008 estos datos eran justo al revés, por lo que el vuelco ha sido total.
Similar panorámica refleja la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda 2017, dirigida en este caso a toda la población vasca con necesidad de vivienda, donde el alquiler, continuando con su acelerada progresión, representa ya el 49% de la demanda de personas con ingresos o rentas propias, frente al 36,1% de los que optan por la compra y 14,9% de forma indistinta.
El impulso del alquiler resulta imprescindible desde la óptica de la racionalización del mercado de la vivienda; de la respuesta a necesidades que sólo a través del alquiler pueden ser resueltas; y sobre todo, por los planteamientos de la Ley 3/2015 de Vivienda, en la que el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada se satisface con el acceso a una vivienda en alquiler o, en su defecto, con una prestación económica.
En 2019, el 88% de la iniciativa pública programada lo será en alquiler y ese porcentaje alcanzará al 100% en 2020.
En términos operativos, además de lanzar una oferta razonablemente consistente de nuevos alojamientos dotacionales y viviendas protegidas en alquiler (950 nuevos inicios), se intensifican las apuestas y los recursos para promover la oferta de viviendas de particulares en alquiler, mediante la movilización del stock de viviendas deshabitadas, a través de los programas de intermediación en el mercado, Bizigune (5.900 viviendas captadas al cierre de 2019 ), y ASAP ( 500 viviendas captadas al cierre de 2019).
La estadística del Uso de la Vivienda (EUV) 2017, nos informa que aplicando el criterio de la Ley 3/2015 de Vivienda, el número de viviendas deshabitadas gestionables se reduciría hasta 20.480 viviendas en 2017. Por tanto, aplicando la definición de esta norma la incidencia de la vivienda deshabitada y gestionable sería del 2% del parque de viviendas de Euskadi.
Dado que se programa alcanzar ya los 5.000 derechos subjetivos de acceso a la vivienda al final del ejercicio, y se estiman en 28.900 las prestaciones al alquiler reconocidas, lo que sumado a un parque público en alquiler que calculamos se situará en 20.675 viviendas, implica que algo más del 40% del parque total de viviendas en alquiler existente en Euskadi en 2019 contará con apoyo público directo.
En 2019 entrará en vigor el nuevo Programa GAZTELAGUN 2018-2021, que busca apoyar el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler a las personas jóvenes vascas, mediante la concesión de ayudas directas a los inquilinos jóvenes para el abono de parte de la renta facilitando asi su emancipación.
Se plantea como objetivo conceder ayudas directas a 6.000 personas jóvenes entre 23 y 35 años en su periodo de vigencia (2.500 de ellos en 2019), destinando para ello 50, 75 millones de euros (5 millones de euros en 2019).
C.3 El tercer objetivo estratégico del programa de vivienda para 2019 consiste en implementar una nueva política de rehabilitación
La reciente ENDV 2017 permite también disponer de una imagen actualizada de las necesidades de rehabilitación de los hogares de Euskadi. En 2017, un total de 76.286 hogares manifiestan la necesidad de rehabilitar sus viviendas en un plazo de 4 años, el 8,6% del total de hogares vascos, de forma que en este bienio 2016-2017 se ha producido un incremento notable de más de 18.000 hogares con necesidad de rehabilitar sus viviendas.
La antigüedad media de los edificios con necesidad de rehabilitación se sitúa en 49 años, disponiendo dos de cada tres edificios de más de 40 años.
Las actuaciones en conservación y mantenimiento, la falta de accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad (en términos de eficiencia energética y accesibilidad, destacadamente) requerirán de intervenciones de rehabilitación profundas y muy significativas para los próximos años.
En 2019 algo más de 1 de cada 5 € de gasto del programa de vivienda se destinarán a políticas de rehabilitación urbana.
La prioridad de las ayudas a la adecuación estructural y constructiva, que actualmente supone algo más de la mitad del total de las ayudas concedidas, debe combinarse con el apoyo a la accesibilidad de las viviendas y a la eficiencia energética.
Estas líneas requieren un mayor esfuerzo, en particular en materia de accesibilidad, auténtico reto inmediato cuando todavía el 30% de las viviendas en Euskadi carecen de ascensor, y se trata de una intervención que por su coste y su complejidad en edificios antiguos, requiere y tendrá un apoyo especial.
Se trata de dar un nuevo impulso a la intensa actividad ya desplegada, haciendo énfasis en la accesibilidad y eficiencia energética, así como en la rehabilitación integrada.
La nueva normativa reguladora de ayudas en materia de rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad entrará en vigor en 2019, tras un extenso proceso de participación ciudadana que le ha aportado mayor valor, más acorde con las necesidades reales y alineada con los requerimientos de eficiencia energética, accesibilidad y desarrollo sostenible que derivan de la UE (Horizon 2020), y debe potenciar la capacidad de impacto social y económico de la política de vivienda.
Para ello destinamos 21 millones de euros (en créditos de pago y compromiso) para subvencionar a propietarios y comunidades de vecinos (que inducirán una inversión privada estimada en 350 millones de euros) para operaciones de rehabilitación edificatoria.
Estimamos fomentar en 2019 que 4.500 viviendas acometen obras de accesibilidad con la instalación, entre otras mejoras, de 450 ascensores.
Destinaremos 6,3 millones de euros (en créditos de pago y compromiso) para financiar 140 nuevos proyectos en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, a acometer por entes locales en espacios urbanos.
Destinaremos otros 6,4 millones de euros adicionales (en créditos de pago y compromiso) para ayudas para el fomento de la eficiencia energética de grupos de edificios, con el objetivo de alcanzar 2.628 viviendas implicadas en proyectos integrales de rehabilitación energética.
50 proyectos financiados para el fomento de la sostenibilidad, apoyo a la innovación y del hábitat urbano a través del programa Eraikal.
1.000 viviendas creadas tras proceso de rehabilitación (división de viviendas)
Las ITEs son un instrumento clave para impulsar las políticas de rehabilitación urbana en Euskadi. Incorporan una triple visión en sus dictámenes al asociar e integrar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios, con la eficiencia energética y la accesibilidad de los mismos.
En septiembre de 2018 ha entrado en vigor el nuevo reglamento que sistematiza, simplifica, clarifica y relanza la inspección técnica de edificios en Euskadi.
En 2019 se financiarán nuevas actuaciones de barrios y regeneración urbana, apoyando a nuestras sociedades públicas y complementando el esfuerzo de la iniciativa Bultzatu 2050 del área de Planificación Territorial.
Sestao Berri recibirá 1,7 millones de euros (incluye créditos de compromiso) para la regeneración de Sestao. El Departamento y Visesa llevan invertidos, hasta la fecha, más de 40 millones de euros en el proyecto de regeneración Txabarri-El Sol de Sestao.
Visesa recibirá en 2019, 1,5 millones de euros para la rehabilitación integral del barrio de Coronación de Vitoria-Gasteiz. El Departamento culmina asi su aportación global de 7,61 millones de euros en esta operación.
C.4 Optimizar la eficiencia de la política de vivienda.
Tres de los procesos operativos más destacados del programa de vivienda (Etxebide, Bizilagun y Etxebizitza) serán objeto de evaluación en 2019 para medir la satisfacción de las personas usuarias de dichos servicios públicos.
En 2019 acometeremos la Evaluación intermedia del Plan Director de Vivienda 2018-2020, para determinar el nivel de cumplimiento de las medidas y objetivos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta los criterios de eficacia (nivel de logro de los objetivos previstos), eficiencia (relación entre los logros y su coste) , equidad e impacto.
Otro proceso operativo clave, como es la inspección de la función social de la vivienda, proseguirá con sus sistemáticos recorridos sobre el parque público protegido con otras 9.500 viviendas inspecciones en 2019.
Seguiremos avanzado en el desarrollo de plataformas de administración electrónica y gestionando diariamente la comunicación y participación ciudadana en el area de vivienda.
Finalmente mantenemos la apuesta y el esfuerzo continuo para una mejor gestión e integración de las diferentes políticas sectoriales.
En su desarrollo se han programado para 2019 cesiones dotacionales a la Red de inserción social (viviendas cedidas a instituciones y entidades del Tercer Sector); al programa Housing First (viviendas cedidas a instituciones y entidades del Tercer Sector); al programa alternativa habitacional ante lanzamientos (adjudicaciones directas) y al programa alternativa habitacional frente a la violencia de género (adjudicaciones directas).
